Ensayo de Liberales y Conservadores.

Para caracterizar el complejo contexto novohispano que acogió las ideas derivadas de las revoluciones atlánticas que, reinterpretadas en ocasiones, iban a influir en el surgimiento de la nueva nación.

La intervención napoleónica en la península proporcionó la coyuntura propicia para el quiebre del Imperio español. La crisis no sólo afectó a la propia metrópoli, sino también a los reinos de ultramar, con características semejantes. Las tendencias políticas mexicanas del siglo XIX tuvieron, por supuesto, una amplia gama de matices, lo que dificulta su clasificación. El conservadurismo mexicano a menudo se caracteriza en forma simplista, como defensa de la tradición hispánica y, por tanto, centralista, corporativo, clerical, militarista y monárquico frente a un liberalismo también monolítico, al que sólo se le reconoce la división en radicales y moderados.

El liberalismo mexicano se ha tipificado en diversas formas. Para Jesús Reyes Heroles hay un liberalismo económico-social y otro político-jurídico. En el primero engloba los temas fundamentales de la propiedad y del librecambio y la protección, y en el segundo, las libertades, la vinculación del liberalismo con la democracia, la secularización de la sociedad y la identidad liberalismo-federalismo, Moisés González Navarro utiliza como base de su tipología la relación "de las ideas de las facciones políticas con los intereses de las facciones de la clase dominante"

Hay tres tipos de liberalismo a lo largo del siglo XIX, que responden a cambios sociales, económicos y políticos, que sin sustituirse, acumulan "ideas, programas y grupos liberales". Para Knight, el liberalismo constitucional que pugna por un gobierno representativo, los derechos jurídicos y el federalismo como camino para un equilibrio entre el poder central y el estatal y municipal, surge en la década de 1820 y resurge en la lucha maderista. El institucional aparece después para desmantelar la sociedad colonial mediante la abolición de los fueros, de la propiedad de la Iglesia y de las comunidades; Se acepta generalmente que las reformas del absolutismo ilustrado causaron el malestar que condujo a la independencia, pero no siempre se toma en cuenta su contribución a los ideales del liberalismo mexicano. Los borbones pretendieron transformar el Imperio en "Nación española", mediante una serie de medidas de carácter individualista "protoliberal". En ese caso estuvieron las reformas contra privilegios eclesiásticos y gremiales, la liberalización del comercio dentro del Imperio y las destinadas a beneficiar a las clases bajas de la sociedad como la prohibición del comercio de repartimiento y el fomento de la educación.

El liberalismo entró a la Nueva España a través del constitucionalismo gaditano que consolidó el programa que se había fijado la ilustración absolutista borbona, pero inspirado en el constitucionalismo francés de 1791. Se puede afirmar que el constitucionalismo gaditano fue la influencia decisiva en el primer liberalismo mexicano, al que se le sobrepusieron el republicanismo y el federalismo norteamericano. El objetivo era centralizar el aparato administrativo desde la metrópoli, pero la nueva división en intendencias (1786), que respondía a la integración de mercados locales, fortaleció el regionalismo.
Las elecciones de diputados y la experiencia en los debates, tanto en las cortes constituyentes como en las ordinarias de 1820-1823, sirvieron de invaluable experiencia para los diputados del Nuevo Mundo. Así también en las Cortes de Cádiz, la mayoría de los diputados eran enemigos del absolutismo y se inclinaban por el goce de libertades y un gobierno representativo a la manera de la constitución francesa de 1791. En su seno, por vez primera, se utilizó la palabra liberal para calificar a los que favorecían esa tendencia, que se enfrentaban a los que ellos llamaron "serviles". La Constitución de 1812, elaborada por las Cortes, reorganizaba el Imperio y consolidaba en gran medida el esquema borbón ilustrado.
La tradición ha considerado el móvil del movimiento iturbidista como reaccionario, a pesar de que el Plan de Iguala proponía una monarquía constitucional y el Imperio la estableció. Es más, el Estatuto Provisional consagró los derechos individuales. La monarquía constitucional hubiera sido una buena transición para evitar la ruptura con la constitución histórica, es decir, con el "conjunto de valores y de prácticas políticas percibida como legítimo”, a las que los movimientos populares habrían de aludir una y otra vez.
La constitución de 1824 y las estatales consolidaron al Legislativo como poder supremo; en la carta de 1824, los derechos individuales se incluyeron en forma dispersa, pero algunas constituciones estatales especificaron los de igualdad ante la ley (restringida por los fueros del ejército y la iglesia), seguridad, libertad de imprenta y propiedad. Para 1830, todos los políticos estaban convencidos de la necesidad de reformar la Constitución. Curiosamente, como ha notado Hale, no se dio una separación tajante. Lucas Alamán, considerado típico conservador, y José María Luis Mora y Lorenzo de Zavala, reconocidos como liberales, coincidían en la necesidad de convertir el voto en censitario -como antídoto a la demagogia, en la necesidad de fortalecer el gobierno nacional, de secularizar la educación superior y de liberalizar la economía.

Mora veía en los bienes del clero la solución a los problemas financieros del Estado y creía que era esencial poner su capital en circulación para inyectar fuerza a la economía y crear la benéfica clase de pequeños propietarios que requería el camino al progreso. En esencia, el camino que Mora señalaba era el que seguiría la ley Lerdo, convirtiendo a los rentistas de la Iglesia en propietarios. En cambio, Zavala proponía rematar los bienes al mejor postor.

La "Ley del Caso", y el destierro de los obispos que protestaron el ejercicio del Real Patronato por el gobierno, generó pronunciamientos de los pueblos contra esos "excesos" anticonstitucionales y empezó a crear la brecha que separaba a los "partidos".

Los centralistas aprovecharon la ocasión para promover el cambio de sistema gubernamental y lograron un acuerdo con los federalistas moderados, con el argumento de que la fórmula era más afín a la tradición mexicana y fortalecería al gobierno nacional con la administración de todos los recursos financieros del país. Así las Siete Leyes (1836) establecieron la república central, pero dentro de un esquema liberal que mantuvo la separación de poderes, representación ciudadana, definió los "derechos del mexicano" e insistió en la necesidad de abolir el tribunal militar para igualar la ley, precepto que se suspendería ante el chantaje del ejército de debilitarlo en medio de la guerra con Texas. Como los problemas que enfrentaba el Estado no eran sólo la forma de gobierno, sino la bancarrota, la paralización económica, las amenazas externas y la inestabilidad provocada por los movimientos autonomistas y las aspiraciones militares, el primer centralismo había fracasado para 1840. A diferencia de las Siete Leyes, las Bases dieron menor importancia a las garantías individuales y, en cambio, aumentaron las atribuciones del ejecutivo, al que se devolvió el control del ejército que tenía bajo el federalismo.

Para ese entonces la situación del país era lastimosa: sin aliados, en bancarrota, sin recursos, dividido políticamente y con un ejército pequeño mal armado y poco profesional. Los radicales, denominados ahora puros, confiaban en que las instituciones democráticas del federalismo permitirían la movilización del pueblo para hacer frente a la invasión y buscaron el contacto con el general Santa Anna para restablecer la Constitución de 1824. La toma de poder la facilitó el desprestigio del ejército y, en plena guerra, se restauró el sistema federal, pero la restauración de la soberanía de los estados dificultó la organización de la defensa; los moderados venían promoviendo los derechos individuales y el fortalecimiento del gobierno nacional para establecer un federalismo a la norteamericana y, con ese fin, lograron las reformas a la Constitución aprobadas en mayo de 1847. Estas subrayaban las garantías individuales y fortalecieron al ejecutivo con la eliminación de la vicepresidencia y al gobierno federal con los artículos 22 y 23. El primero declaraba que "toda ley de los Estados que ataque a la Constitución o a las leyes generales, será declarada nula por el Congreso" y el 23 concedía potestad a la Suprema Corte para resolver reclamaciones de anticonstitucionalidad de las leyes del Congreso general.

Los esfuerzos conciliadores de los liberales moderados no pudieron sortear los innumerables retos que planteaba la situación interna y externa del país y, a principios de 1852, enfrentaron una crisis que desembocaría en un nuevo llamado de todos los partidos al indispensable, Santa Anna. Para entonces, los fracasos políticos habían convertido a Alamán en un verdadero reaccionario, ahora opuesto a toda representación. Alamán redactó las "Bases para la administración de la República", pero la muerte interrumpió su proyecto el 2 de junio de 1853 y la república tuvo que sufrir una dictadura abusiva que cometió toda clase de excesos: nuevas cargas fiscales, aumento del ejército, venta de la Mesilla y exilio de los principales liberales radicales, quienes al convivir en Nueva Orleans iban a compartir ideas e ideales que pondrían en práctica el triunfo de la revolución de Ayutla. Para ese momento, federalismo y liberalismo se habían fundido, tal vez porque el centralismo había pasado a ser sinónimo de conservadurismo, aunque el "liberal" Plan de Ayutla de marzo de 1854 no precisaba si las "instituciones republicanas" demandadas serían centralistas o federalistas. Declaraba la necesidad de constituir a la nación "de un modo estable y duradero", para que garantizara las libertades individuales y protegiera la libertad de comercio.

Los liberales, moderados y puros, deseaban la reforma, pero diferían en la forma de ponerla en práctica y el alcance de la misma; el Congreso Constituyente de 1856 representó una amplia gama de opiniones, con un predominio de "progresistas" y, aunque los puros eran una minoría, llevaron la voz cantante. No obstante, no lograron que se aprobara la tolerancia de cultos, considerada fundamental para promover la colonización. La constitución de 1857 no difería mucho de la de 1824, pero ya no mencionaba la intolerancia religiosa y ampliaba las libertades y garantías de la libertad individual. A pesar de considerarse moderada, no tardó en provocar la reacción conservadora que significaría una guerra civil y, después, la intervención extranjera.

La reacción conservadora radicalizó al bando liberal. El mismo moderado Comonfort, después de someter el levantamiento de Puebla en 1856, intervino los bienes de la Iglesia poblana para que ésta pagara los gastos de la expedición. La promulgación de la Constitución, a pesar de ser conciliadora, no pudo evitar que algunos moderados y el partido conservador decidieran desconocerla, "para promover las instituciones análogas a sus usos y costumbres", dando principio a la sangrienta guerra de Tres Años. Benito Juárez, que abanderó al grupo puro, contó sólo con una parte menor del ejército y las populares guardias nacionales.

La resistencia conservadora sirvió para que Miguel Lerdo de Tejada, el más extremista anticlerical, exigiera la nacionalización de los bienes del clero; así, entre el 12 de julio y el 6 de agosto de 1859, se promulgaron. Con la primera ley, la Iglesia y el Estado se separaban y se nacionalizaban los bienes del clero secular y regular

Las ideas liberales que se reinterpretaron una y otra vez en México acompañaron las vicisitudes de la nueva nación en su lucha por la independencia, pasando por la fundación del Estado y su consolidación en 1867, en busca del cambio social que permitiera lograr la vieja meta de lograr la modernización y el progreso material.